El pasado 2 de junio, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del ministro Fernando Ruiz, el Gobierno Nacional expidió la resolución 777 “por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de esta”. 

Dicha resolución no fue aceptada por la comunidad médica ni los distintos gremios, organizaciones y sindicatos de la salud en todo el territorio nacional. ¿Las razones? El relajamiento general de las medidas preventivas de bioseguridad, la reactivación económica sin controles biosanitarios, el lento y mal planificado “plan de vacunación” y la actual coyuntura social, han disparado la tasa de contagios y fallecidos por el virus SARS-CoV-2, ocasionando una grave sobreocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo, el desabastecimiento de insumos médicos y el agotamiento físico y mental del personal de salud de primera línea y de las demás áreas. 

Por esto, diferentes organizaciones del sector de la salud, con participación de la Federación Médica Colombiana, presentaron al presidente de la República y al Ministro de Salud y Protección Social una solicitud de revocatoria de la Resolución 777, pues consideran que la reactivación económica no puede adelantarse ignorando la salud del pueblo ni pasar por encima de ella y tiene fallas técnicas desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. El ya deficiente sistema de salud colombiano se ha visto gravemente afectado por un serio deterioro que conducirá más pronto que tarde a su colapso total si el gobierno no corrige sus políticas de salud. Los solicitantes argumentan puntualmente por qué esta Resolución es perjudicial para la población. 

Posteriormente, el pasado 24 de junio, las mismas y otras organizaciones del sector de la salud plantearon la necesidad de un encuentro con gobierno y parlamentarios para definir posibles rutas y soluciones que salvaguarden la salud y la vida de la ciudadanía y llevar a cabo una reactivación económica efectiva y segura. Presentaron al presidente Duque y su ministro de salud, con copia a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Corte Constitucional y la Organización Panamericana de la Salud, un derecho de petición que formula preguntas con el fin de entender por qué el Gobierno Nacional expidió esta nueva Resolución, cuáles fueron sus motivos y qué evidencias científicas la respaldan. Consideran los peticionarios que en Colombia no puede primar la economía sin tener en cuenta la salud de sus habitantes; con este derecho de petición esperan obtener las respuestas que expliquen con suficiencia y veracidad la decisión gubernamental, pues es garantizando el Derecho Fundamental a la Salud establecido por la Ley Estatutaria 1751 del 2015, como se podrá prevenir el contagio para evitar que sigan muriendo más personas por COVID-19 y permitir una vida digna a la población.