Gracias a dos fechas memorables noviembre tiene para los colombianos dos puentes seguidos: uno es el primer día del mes o día de difuntos, antecedido por la importada noche de brujas o Halloween. El otro es el 11 de noviembre, cuando se conmemora el día en que la heróica ciudad de Cartagena declaró su independencia de España y realiza cada año, en curioso contubernio de lo trascendental con lo fútil, el reinado nacional de la belleza.
Sin embargo, desde hace unas semanas han venido apareciendo en las redes sociales memes, videos y piezas de audio que invitan a celebrar el 21 de noviembre próximo. En efecto, organizaciones sociales, sindicales, de barrio, campesinas, indígenas, youtubers, partidos políticos, senadores, concejales, un ex alcalde y hasta sacerdotes, convocan en sus mensajes a participar ese día en una gran manifestación en todo el territorio nacional para que los colombianos expresemos masivamente la inconformidad con lo que está pasando en el país.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿De qué me hablas, viejo? Hablo del rechazo masivo de los pobladores de los dos Santanderes a la mega minería en el páramo de San Turbán; a los anuncios de reforma laboral que recortará mas derechos de los trabajadores y creará la contratación laboral por horas; a la intención de disminuir el salario mínimo para los jóvenes; al marchitamiento de la prima media de pensiones en Colpensiones, para dejar solamente los fondos privados, que no retribuyen al pensionado en cada mesada lo aportado ni lo trabajado, además de extender la edad de jubilación otros cinco años para hombres y mujeres; a la nueva propuesta de reforma tributaria, que busca bajarle impuestos a las grandes empresas y capitales financieros y a las compañías trasnacionales, entre ellas los laboratorios farmacéuticos que desangran inmisericordemente el sistema de salud con precios exorbitantes de medicamentos monopólicos; al empecinamiento gubernamental en mantener a las EPS, todas privadas, y pagar sus ineficiencias, deudas y robos con dineros públicos; a la negociación soterrada del gobierno, a espaldas de la población, para vender EPS a inversionistas extranjeros bajo las reglas de los TLC; a la indolencia y pasividad con el asesinato de líderes sociales y de indígenas; a la violación del Derecho Internacional Humanitario al matar niños en acciones de guerra contra grupos armados ilegales; al incumplimiento de los acuerdos con los campesinos del Catatumbo y con los estudiantes para fortalecer la educación pública; a los negocios leoninos con los magnates financieros y contratistas para la construcción a medias de la infraestructura vial; al fracking para la extracción de petróleo, prohibido en muchos países; a la fumigación con glifosato, que enferma y mata gente y animales y contamina cultivos de alimentos; a la cacería de tiburones. En fin, a todo lo que constituye el “paquetazo” del gobierno del presidente Iván Duque.
¿De donde proviene el paquetazo? ¿Por qué las medidas fiscales se traducen en causa de protesta? Todas las pistas conducen al Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de financiamiento que, según destacados economistas, no sirven para resolver los desequilibrios fiscales ni disminuir el gasto público, conclusión a la que también llegaron la Comisión del Gasto y la Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Fedesarrollo. Dicen que si Colombia quiere modernizarse se debe aumentar el gasto público y para ello son necesarios mas impuestos como única forma de cerrar la brecha fiscal. Califican la ley de financiamiento como una propuesta a corto plazo que a duras penas ayudará a reducir el déficit en los próximos 4 años, pues no considera la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo y se contenta con buscar recursos para aliviar las cargas del momento mas no para resolver el problema, por lo que en tres años se requerirá de otra reforma tributaria. Es como el cuento de darle analgésico al paciente que le duele la cabeza por un tumor cerebral. Pero en la búsqueda de nuevos impuestos es que está el otro problema, el que siente la población como una carga que no soporta mas y la lleva a protestar: la inequidad. Inequidad porque la ley quiere esculcar mas el bolsillo de quienes trabajan y producen riqueza a las grandes industrias y consorcios financieros en vez de revisar las exenciones de que estas gozan y sacar de allí los recursos.
Lloran los gremios dueños de la riqueza porque, según ellos y el gobierno, los impuestos son demasiado altos. Pero diversos estudios demuestran que la tributación efectiva es baja, pues apenas aportan el 1,3% de sus ingresos brutos, el 1,8% del patrimonio líquido y el 2,4% de sus ingresos. El informe final de 2015 presentado al ministro de Hacienda por la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria demuestra la inconveniencia de mantener estos beneficios; además el proyecto de Ley de Financiación incrementa las exenciones y deducciones al amparo de la economía naranja que, aunque nadie sabe exactamente su alcance, numerosos avivatos de diversos sectores económicos se declaran “naranja” para no pagar impuestos, pues pueden obtener hasta 7 años libres de tributación. Como si fuera poco, a los empresarios del turismo se les darán incentivos para que construyan nuevos hoteles y para completar, a las empresas en general se les hará un descuento del 100% del IVA que hayan pagado o vayan a pagar en bienes de capital, lo cual significa un elevado costo fiscal sin que se garantice un aumento en competitividad y productividad, mientras el costo del IVA en las familias pobres es alto. Todo esto se propone desoyendo las recomendaciones de las mismas comisiones gubernamentales mencionadas.
Explorando otras fuentes de financiación a partir de impuestos, puede concluirse que se debería tener en cuenta la contaminación ambiental que generan las industrias y demás empresas con el monóxido y dióxido de carbono, cuyo impuesto actualmente es muy bajo al compararlo con estándares internacionales. De manera que si se cobra una cantidad mayor por tonelada de carbono emitido, se reduce su producción y se logran tres objetivos: mejorar el ambiente y el aire que se respira, disminuir la prevalencia de enfermedades respiratorias y obtener recursos fiscales a largo plazo. Otra fuente de ingresos vía impuestos es la reducción de retención en la fuente que otorgan los títulos de deuda pública (TES) a sus tenedores, pues en el 2012 se redujo del 33% al 14% y la Ley de Financiamiento la pretende bajar al 5%. Tal decisión, además de innecesaria, estimula la llegada de capitales golondrina al país abonando el terreno a la especulación financiera. Según los expertos, es posible recolectar 15 billones de pesos también creando un IVA presuntivo diferencial, subiendo el impuesto al patrimonio de personas naturales, reduciendo las exenciones a las empresas, estableciendo límites a los descuentos tributarios, aumentando el impuesto a los dividendos y estableciendo sendos impuestos a las remesas y a las bebidas azucaradas.
Es entonces esa propuesta de Ley de Financiamiento la que contiene todas las iniciativas que afectan en su bienestar a la población trabajadora y vulnerable para beneficiar a los poderosos nacionales y trasnacionales, acaparadores de riqueza y fabricantes de leyes que los benefician, al tiempo que, inevitablemente, afectan la educación, la salud y el bienestar en general. Es contra ese proyecto de ley que la población colombiana se manifestará en todo el territorio nacional el próximo 21 de noviembre, la tercera fecha para celebrar, de aquí en adelante este mes de cada año. Y los médicos deberíamos hacerlo también.
Aclaro que esta es mi opinión personal y sólo yo soy responsable de ella.
SERGIO ISAZA VILLA, M. D. – PEDIATRA
PRESIDENTE
FEDERACION MEDICA COLOMBIANA
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