El país real reclama que estos temas se debatan como corresponde en un sistema democrático.
En medio de la avalancha de noticias y artículos que se ha desatado alrededor de la reforma de la salud, hay datos aterradores que sorprendentemente han ‘pasado de agache’ ante la opinión pública: cada año, en Colombia ocurren más de 7.500 muertes de niños y niñas, que se hubieran podido evitar si se tuviera acceso real y oportuno a servicios médicos.
Más grave todavía resulta ser el aumento de las muertes por desnutrición infantil, que, según el Dane, pasaron de 265 niños muertos en el año 2020 a 356 en el 2022. Si estos datos no conmueven, el país está en un nivel de indolencia social monstruoso.
El mismo Dane, en el informe de estadísticas vitales que acaba de publicar, reportó que “para el año 2022 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira es 8,9 veces la tasa nacional, en el Chocó esta tasa es 7,2 veces la nacional, y en el Vichada la tasa es 6,3 veces”. Entonces ya no solo se trata de una sociedad indolente, sino también discriminatoria con quienes, a pesar de habitar en territorios apartados, también son colombianos.
En La Guajira, desde que se inició el actual gobierno, se ha extremado la búsqueda activa de niños y niñas en riesgo, y, como ocurre en toda acción de salud pública de este tipo, al intensificar la búsqueda, aumentan los casos, mientras se logra llegar a cero, que es lo éticamente deseable.
Cuanto más se rastrea el territorio, más niños enfermos van a aparecer y mayores mortalidades hay para documentar, las cuales estaban ocultas por la debilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica de la región.
El actual sistema de salud se ha dado el lujo de permitir que aumente la mortalidad perinatal, es decir que cada vez más niños y niñas mueran antes de nacer o justo después del parto, en medio de un deficiente sistema de controles prenatales para gestantes.
Vichada tiene “el porcentaje más alto de madres que no reciben controles prenatales con el 37,1 por ciento”, es decir, una de cada tres embarazadas no accede a controles médicos, según el informe de estadísticas vitales.
“La tasa de mortalidad perinatal (entre 22 semanas de gestación, hasta 7 días de nacido) muestra un incremento progresivo desde el año 2016, pasando de 14,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos a 16,8 fallecimientos por cada 1.000 en 2022”, según el Dane. Estos datos no resisten análisis ligeros, como los que pretenden hacer creer que el país tiene uno de los mejores sistemas de salud.
En la ponencia de la reforma de la salud, que algunos sectores no quieren que se debata democráticamente en el Congreso de la República, está documentado que “entre 2005 y 2020 en Colombia se produjeron en promedio 242.042 muertes al año”.
En cifras redondas, durante ese periodo la tasa nacional de mortalidad aumentó en un 31,7 por ciento, pasando de 455,3 a 597,2 muertes por cada 100.000 personas, que corresponde a 81.381 muertes más en 2020 que en 2015.
La cifra más reciente del Dane da cuenta de que al cierre de 2022 ese número subió a 312.897 muertes, sumando las fetales y no fetales. Con estos datos, resulta evidente que la discusión en el Congreso de la reforma de la salud es un asunto de vida o muerte que debe prevalecer sobre los obstáculos que se pretendan imponer a punta de calumnias.
El país real, el que día a día padece los obstáculos del sistema de salud, reclama que estos temas se debatan sin más dilación, de frente, sin miedo, como corresponde en un sistema democrático. Por los niños y niñas de este país y por las comunidades que, en legítima resistencia, no se resignan a dejar morir cada año a 7.500 de sus hijos, pudiendo evitarlo.
CAROLINA CORCHO MEJÍA
Ministra de Salud y Protección Social
Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO
Tomado de: eltiempo.com
Por: Carolina Corcho Mejía
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