Distribución de recursos de salud a las EPS en 2024: Comparación con vigencias anteriores

Imagen tomada de ADRES

En cumplimiento de su objetivo de mejorar la transparencia y accesibilidad a la información pública, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presenta el comportamiento histórico del reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.

Desde su creación, la ADRES ha girado un total de $414,86 billones por concepto de UPC. En las tres últimas vigencias (2022 a 2024), los incrementos porcentuales anuales han sido de 18,0 %, 18,5 % y 12,8 %, respectivamente, en comparación con el periodo inmediatamente anterior.

Para la vigencia 2024, con corte al 31 de diciembre, los recursos reconocidos por UPC crecieron un 12,87 % respecto a 2023, alcanzando un total de $83,2 billones.

La ADRES reconoció en 2024 los siguientes valores promedio por afiliado equivalente:

• Régimen subsidiado: UPC de $1.513.025 y un pago adicional de $44.515 por presupuestos máximos (PM).
• Régimen contributivo: UPC de $1.920.268, un pago de $24.152 por promoción y prevención (PyP) y $128.025 por presupuestos máximos.

En función del número de afiliados, las EPS con mayores giros en 2024 fueron:

• Nueva EPS: $21,75 billones.
• Sanitas: $10,46 billones.
• EPS Sura: $9,97 billones.
• Salud Total: $7,90 billones.
• Coosalud: $5,40 billones.
• Famisanar: $4,86 billones.

En el ámbito territorial, las EPS que operan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina recibieron los valores promedio de UPC más altos.

Las diferencias responden a los reconocimientos adicionales definidos anualmente por el Ministerio de Salud y a variables establecidas en la normatividad vigente para la liquidación de la UPC.

Lo anterior con base en el Boletín sobre histórico reconocimiento UPC 2024, presentado en los últimos días por la ADRES, en el que menciona que continuará presentando información detallada sobre la gestión de recursos sectoriales, con el fin de fortalecer la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la protección de los recursos públicos destinados a la garantía del derecho fundamental a la salud.