Corrupción e intermediación: los grandes males del régimen de salud del magisterio

El proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno nacional tiene muchos enemigos. Uno de ellos: la desinformación. Esta noción hace referencia a la información engañosa difundida en medios y redes con fines específicos: influir en el comportamiento de las audiencias, manipular sentimientos y emociones, crear atmósferas de caos, infundir pánico, etc. Es lo que sucede con la afirmación de que la reforma afectará el régimen de salud del magisterio, lo cual no es cierto. Así consta en el proyecto:

Artículo 130. Regímenes Exceptuados y Especiales. (En ponencia corresponde al Artículo 148) Los regímenes exceptuados y especiales del Sistema de Salud continuarán regidos por sus disposiciones especiales y por la Ley 1751 de 2015. El régimen de salud y seguridad social del magisterio continuará vigente, por lo cual se exceptúan de las disposiciones de la presente ley, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 cuyo régimen de salud será el previsto en dicha norma…

El sistema de salud del magisterio está garantizado según la Ley 91 de 1989. Cubre a todos los docentes de establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media del país. Está exceptuado del Sistema de Seguridad Social establecido por la Ley 100 de 1993. Para el mayor sindicato del magisterio, FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), este régimen especial —que integra salud y seguridad y salud en el trabajo— es resultado de una lucha política que tuvo por bandera la defensa de un trato especial a quienes ejercen una profesión fundamental en el desarrollo de una sociedad: los y las educadoras, de quienes depende, en gran medida, el rumbo que toman las naciones. El gremio que logró en su momento la creación de ese sistema de salud, consideró que los miembros del magisterio merecían una atención en salud especial dadas las particularidades del sector educativo. Sin embargo, luego de 34 de años de existencia, este régimen muestra grandes fallas. Lo dicen las quejas, las tutelas y las denuncias de docentes de todo el país que diariamente se enfrentan a la negación de citas, cirugías, medicamentos, y a la falta de centros de atención en regiones apartadas y zonas rurales, es decir, muy parecido a los graves problemas que presenta el sistema general de salud. Si bien el Proyecto de Ley 339 de 2023 no incluye ninguna reforma para el régimen del magisterio, el debate que se ha planteado sobre la crisis de la salud en Colombia ha despertado también el interés de los y las maestras que manifiestan sus críticas a la atención en salud que les corresponde, y reconocen que el deterioro es quizá mayor que el del régimen general. Así lo muestran las cifras. De enero a agosto de este año, 31.000 quejas se presentaron por el sistema de salud del magisterio, según un informe de la Supersalud que habilitó el correo electrónico pqrdsaludmagisterio@supersalud.gov.co para tal fin, dirigidas principalmente contra Redvital UT, UT Red Integrada Foscal-Cub, Medisalud UT, UT Organización Clínica General del Norte S.A, Unión Temporal Servisalud San José y Cosmitet Ltda (Caldas, Quindío y Risaralda).

Tal como lo plantea el médico Herman Bayona Abello, especialista en el tema, se trata de un modelo muy complejo, con cerca de un millón de beneficiarios, lo que genera grandes dificultades y retos. El problema es que es un “régimen exceptuado con mucha intermediación —financiera y administrativa—. La ley 91 del 89 creó el FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), un fondo sin personería jurídica que, a su vez, hace contratación de la Fiduciaria la Previsora S.A. (Fiduprevisora). Luego, la Fiduprevisora contrata a los operadores —uniones temporales— en las regiones y estas subcontratan la red de IPS. Estos operadores se parecen a las EPS en el sentido en que administran recursos públicos para beneficio propio”. El funcionamiento poco fluido ha dado lugar a prácticas burocráticas corruptas y ha favorecido la integración vertical, es decir, que los recursos se destinen a la construcción de clínicas privadas, y no a la atención eficiente y oportuna de todos los afiliados cotizantes y beneficiarios, lo que pone en entredicho las virtudes de un modelo de salud que tiene como base financiera una UPC superior a la del sistema general, cuya cobertura de servicios es “ofertada a nivel nacional en 10 áreas geográficas… mediante una red de prestadores de servicios propios o contratados por parte de operadores de servicios de salud seleccionados a través de convocatoria pública, de acuerdo con la oferta existente en cada región”. La intermediación y la corrupción son las dos grandes causas de la crisis del régimen de salud del magisterio. “Por ejemplo, a los operadores los sancionan por incumplimiento, pero ellos cambian de socios, de nombre, y se vuelven a presentar a la licitación y vuelven a ser elegidos”. ¿Quién vigila? ¿Quién controla? “La vigilancia y control la ejerce la misma Fiduprevisora, es decir, el mismo foco de corrupción. Era la que tenía la posibilidad de sancionar y de definir cómo sancionar a los operadores, pero nunca lo hizo. La Superintendencia de Salud tiene poca injerencia ahí”.  

Un régimen excepcional bajo la lupa de la Contraloría

Hace tres meses, la Contraloría General de la República informó sobre “cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de 125.000 millones” luego de una auditoría financiera practicada al FOMAG, sobre la vigencia 2022. El de mayor cuantía corresponde a la “inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores”. Se determinaron en total 15 hallazgos: 12 con connotación disciplinaria y 2 tienen otras incidencias “y fueron trasladados al Ministerio de Salud y Protección Social… y a la Superintendencia Nacional de Salud en atención a que la entidad auditada no exigió constitución de reservas técnicas, generando riesgo en la prestación del servicio”.

Mientras en la Cámara de Representantes avanza el debate del proyecto de reforma a la salud, FECODE continúa en la estructuración de un nuevo enfoque del sistema de salud del magisterio que mejore las condiciones de atención. El doctor Herman Bayona, Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, quien hace parte del grupo de expertos que trabajó en la propuesta que fue presentada al gobierno nacional para la nueva contratación*, afirma que esa reorientación busca cambiar la perspectiva asistencialista por una más preventiva que tenga en cuenta los determinantes sociales de la salud (creación de Centros de Atención Primaria Integral de Salud del Magisterio) y poner en funcionamiento el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el magisterio (promoción y prevención, gestión del riesgo en los colegios, gestión de la enfermedad laboral, educación en salud).  

*El 13 de julio de 2023 el FOMAG abrió convocatoria para contratar entidades prestadoras de servicios de salud, una licitación que se realiza cada cuatro años. Sin embargo, el proceso licitatorio se detuvo después de que el presidente Gustavo Petro publicara lo siguiente el pasado 18 de octubre: “El gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio”.