Para muchos colombianos La Guajira es una tierra desconocida, lejana, extraña, casi que otro país que ven a través de postales o de clichés que difunden los noticieros de televisión donde figuran personajes exóticos. Para algunos, es sólo un lugar turístico con paisajes exuberantes de mar, playas, desierto, ríos y sierra nevada. Para otros, habitantes de la región, es el lugar de residencia y de trabajo, la patria chica de poblaciones muy diversas en términos culturales que conviven y se adaptan a climas, geografías y situaciones socioeconómicas no siempre favorables. Paradójicamente, uno de los departamentos donde más se explotan los recursos naturales (la multinacional suiza Glencore es dueña de la mina de carbón del Cerrejón, una de las más grandes del mundo a cielo abierto) es, y ha sido, uno de los más empobrecidos de Colombia.

Desde hace casi diez años, esta región, la alta y media Guajira para ser más exactos, ha despertado el interés de la prensa, y no precisamente por sus buenas noticias. El hambre, la sed y las alarmantes cifras de muerte de niños y niñas indígenas se volvieron temas recurrentes, así como las campañas, con un cariz caritativo, lideradas por los medios de comunicación, la empresa privada y hasta colectivos de ciudadanos (por ejemplo, la “galotón” organizada en Cartagena por un grupo de jóvenes). En 2014, dos niños morían cada día “por hambre y abandono” en medio de la escasez de lluvias que había empezado en octubre de 2012, según un reportaje del periodista José Guarnizo (“¡La Guajira S.O.S!”), quien escribe:

«Sobre una de las lápidas de la parentela de Francisco hay una caja amarillenta de Amoxicilina, que sus compadres dejaron como recuerdo. Ese fue el medicamento que no salvó a los finados de llegar allí […].

Los hijos de Francisco no quedaron registrados en las cifras del DANE, que dicen que entre 2008 y 2013 en La Guajira murieron 4.151 niños: 278 por desnutrición, 2.671 por enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 que no alcanzaron a nacer». 

En ese momento, la culpa era de la sequía, pero también del cambio político y económico en Venezuela —país vecino con quienes los wayúu han tenido una estrecha relación social y económica—, y de la corrupción de la clase política gobernante (recordar a Kiko Gómez y a otros hombres y mujeres investigadas por varios delitos). Como último recurso, los líderes de las comunidades indígenas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 11 de diciembre de 2015, mediante Resolución 60/2015, esta comisión decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. “Entre los diferentes aspectos que llevaron a la CIDH a otorgar la medida cautelar se encuentran los alegados riesgos relacionados con la falta de acceso a agua potable y el grave estado de desnutrición de niños y niñas”.

Dos años antes de ese boom mediático que tuvo repercusión nacional e internacional, el médico  Juan Carlos Freyle Ballestas, quien es actualmente el presidente del Colegio Médico de La Guajira, ya estaba trabajando y gestionando para hacerle frente, desde el territorio, a esta grave problemática. Lo confirma su tesis de maestría en salud pública titulada “Propuesta creación de la ‘Corporación observatorio de salud pública del Departamento de la Guajira —OSAPUGUA’—”. Una plataforma para unificar criterios de medición y crear mecanismos eficientes de seguimiento y evaluación de los planes y programas de salud pública en la región, “que pueda ser de utilidad para establecer un proceso educativo de cambio de actitudes hacia la salud pública, en el que las y los profesionales en ciencias de la salud se conviertan en sujetos activos”. Aunque su idea de observatorio no tuvo el apoyo esperado y no pudo materializarse en aquella época, el Dr. Freyle siguió trabajando por la salud de La Guajira. Su participación ha sido clave en la discusión y el diseño de propuestas que han llegado hasta el gobierno central y que se han convertido en la base de grandes iniciativas.

Ante el incumplimiento de las medidas cautelares, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-302 del año 2017, un documento que exige al Estado una solución definitiva al problema del hambre, la sed y la salud de los niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes de la comunidad wayúu. En el texto se puede leer que: “la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas de una etnia indígena, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, configura un estado de cosas inconstitucional que debe ser superado de manera coordinada y articulada por todas las entidades del Estado, en especial si se compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), comprometiendo así también, la existencia misma del pueblo indígena”.  

A partir de esa sentencia, el Colegio Médico de La Guajira, liderado por el Dr. Freyle, construyó el Plan Nacional de Ayuda a la etnia wayúu, el mismo que presentó a la Corte Constitucional (emitió un auto el 23 de junio de 2021 para que se pusiera en conocimiento de la comunidad indígena). Se insistió en la necesidad del observatorio y se plantearon otros proyectos aquí resumidos:

• Recuperación nutricional con harina de guineo.
• La creación de un instituto de investigación biomédica.
• Educación en salud dirigido a la comunidad con enfoque étnico.
• Formación de médicos guajiros en pediatría y ginecología.
• Formación en enfermería.

Infortunadamente, ese plan fue ignorado en el gobierno de Iván Duque, a pesar de que la CIDH emitió la Resolución de seguimiento # 99/2021 mediante la cual abordó la implementación de las medidas cautelares que en ese momento ya se habían ampliado (resoluciones 60/2015, 3/2017 y 51/2017). Con la llegada del nuevo Presidente de la República, Gustavo Petro, la situación de La Guajira fue tratada desde los primeros días de gobierno con miras a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. En esa dirección, se expidió el Decreto 1085 en julio de 2023 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Pese a que dicho decreto se declaró inexequible el pasado 2 de octubre, los planes de choque se siguen implementando para dar cumplimiento a la sentencia y mitigar el hambre, la sed y la mortalidad infantil; para pasar “del dicho al hecho” y transformar, por fin, la salud pública de la región.

Consultamos al Dr. Juan Carlos Freyle sobre las acciones del gobierno que se están desarrollando para dar respuesta a la sentencia. Esto nos contestó desde La Guajira:

Inspección judicial de la Corte Constitucional 

“En abril, la Corte Constitucional hizo una inspección judicial sobre la sentencia. Estuvieron una semana. De rancho a rancho fuimos subiendo la alta Guajira, recorriéndola con los magistrados y con todas las entidades del Estado, eran como 60. Fue una cosa impresionante, los mismos indígenas estaban impresionados. Algo nunca visto en la región. A mí me invitaron como presidente del Colegio Médico de La Guajira, en calidad de asesor en salud de la corte. Desde enero nos dieron esa categoría, producto del trabajo que veníamos haciendo.  Dicen que el respeto se gana, nosotros nos lo hemos ganado. Generalmente a los asesores los traían de Bogotá.

El Instituto Nacional de Salud descentralizado

Un logro muy importante de este gobierno es que descentralizó por primera vez el Instituto Nacional de Salud, que es donde está el Observatorio Nacional de Salud, y abrió una sede en La Guajira. Actualmente soy el coordinador. Se va a crear mediante resolución el Observatorio Territorial, que retoma la propuesta que hice en mi tesis de maestría el año 2012. También estamos trabajando epidemiología de campo. Lo que se busca con eso es generar que la misma comunidad, previa capacitación, se vuelva veedora en salud y nos ayude a estar pendiente todos los días, 24/7, del estado de salud de los niños, y que ella misma nos reporte. La sentencia dice que debe haber una coordinación científica que vigile indicadores del estado de salud de esos niños (morbimortalidad, enfermedades…) y cree un sistema de información. Con MinCiencia, en convenio con la Universidad de la Guajira, vamos a desarrollar varios proyectos de investigación en nutrición, infectología (tuberculosis) y pediatría. Aquí vienen muchos académicos y universidades a hacer investigación, pero los resultados se quedan en los anaqueles de las bibliotecas de otras ciudades. Lo mismo ha pasado con las normas, que se han quedado en letra muerta.

Coordinación científica con ICBF     

Los indígenas, que son los accionantes en la sentencia y conocen nuestro trabajo en la región, nos postularon como Colegio Médico para hacer la coordinación científica en los proyectos que ejecutará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

Atención primaria en salud

Vamos a implementar el modelo de atención primaria en salud en los 4 municipios priorizados por la sentencia: Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Este modelo se tiene que acompañar de otro modelo de nutrición y de seguridad alimentaria (ejemplo: harina de guineo producida en el municipio de Dibulla).

Recuperaremos la figura que existía en el sistema de salud colombiano del promotor de salud. Serán 1.100 promotores indígenas de salud que recibirán formación remunerada en el SENA. Como Colegio Médico participamos en el montaje de la metodología. 

Nos falta mucha infraestructura. Hoy tenemos 16 hospitales públicos, 3 de segundo nivel y el resto de primer nivel. Tenemos que remitir enfermos a otros departamentos. En los dos gobiernos anteriores sólo recibimos ayudas humanitarias, no se diseñaron programas a largo plazo, por eso este problema se ha convertido en un círculo vicioso, no hemos hecho bien la tarea. Como salubrista que soy tengo claro que para que un programa genere impacto en las comunidades debe tener una implementación de mínimo 5 años.

En febrero del próximo año vamos a realizar un evento grande que se llama: “Salud pública en el contexto del mundo wayúu”. Tendremos invitados nacionales e internacionales expertos en el tema. La idea es que la Federación Médica Colombiana sea parte activa.

Como ve, faltan muchas cosas por hacer, pero las vamos a hacer. Ya empezamos.