A nivel nacional, y en algunas regiones del país, el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha pasado a manos de poderosos oligopolios nacionales y multinacionales de capital médico, industrial, financiero y en algunos casos mafioso, organizados para extraer rentas y para explotar a los trabajadores de la salud.
Esos oligopolios se entrelazan a través de compañías farmacéuticas, cadenas multinacionales de hospitales y aseguradores privados y de compradores de insumos y tecnologías médicas. Al mismo tiempo, éstos se vinculan estrechamente con instituciones y funcionarios del Estado logrando constituir estructuras y estrategias de acumulación de capital basadas en el despojo y la privatización de las instituciones públicas de salud y seguridad social, en el control de la autonomía de la práctica y la ética profesional, la explotación de la fuerza de trabajo, la imposición de barreras de acceso a la atención, la ausencia de prestación de servicios en las áreas rurales, y en la exclusión de los saberes y prácticas ancestrales de salud de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Esos oligopolios son parte de la élite oligárquica que ha dominado al pueblo colombiano durante decenios y que, desde 1993, ha naturalizado en la sociedad la racionalidad política de mercado de la Ley 100.
Entre los conglomerados internacionales de esa estructura oligopólica podemos identificar al menos 9 oligopolios multinacionales entre los cuales destacamos los siguientes: la multinacional española KERALTY (antigua Organización Sanitas Internacional), propietaria de una numerosa red de empresas de aseguramiento, prestación de servicios de salud (más de 200 en este país), educación médica, comunicación e inmobiliaria. UNITED HEALTH GROUP, multinacional estadounidense de empresas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, propietaria de la Clínica del Country y la Clínica La Colina en Bogotá, las EPS Aliansalud y Colmédicas y la red de servicios médicos integrados DaVita. AUNA, multinacional peruana propietaria del conglomerado empresarial Las Américas, de la Clínica Las Américas en Medellín y en Envigado y de la Clínica Portoazul en Puerto Colombia. STEWARD HEALTH CARE INTERNATIONAL, multinacional estadounidense que integra prestadores y aseguradores privados y controla el Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Clínica Centenario en Bogotá, y la Clínica Los Nevados de Pereira. La multinacional estadounidense CHRISTUS HEALTH, propietaria del componente salud del GRUPO COOMEVA, que incluye la EPS y medicina prepagada Coomeva, Christus Sinergia Salud con las Clínicas Farallones y Palma Real en Cali, una red de centros médicos ambulatorios, laboratorios, hospital en casa en todo el país y Conecta Salud. El grupo QUIRONSALUD, multinacional española integrante de la multinacional alemana Fresenius Helius, es propietaria de la Clínica Imbanaco y de la Unidad de Medicina Reproductiva en Cali, de la Clínica Medellín, la Clínica las Vegas, Diagnóstico Cedimed y la Clínica del Prado en Medellín, y de la Clínica de la Mujer en Bogotá. FRESENIUS MEDICAL CARE, multinacional alemana dedicada a la venta de productos y prestación de servicios para el manejo de la enfermedad renal crónica. El grupo FEMSA (Fomento Económico Mexicano),
propietario de la IPS Medicarte en Medellín y otras ciudades, de la red de farmacias Cruz Verde, Farmasanitas, Farmacias Acuña y Puntofarma. El consorcio español MEDERI (de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios), propietario de la Clínica de Méderi (Hospital Universitario Mayor, antigua clínica de San Pedro Claver del Seguro Social) y del Hospital Universitario Barrios Unidos (antigua clínica Misael Pastrana del Seguro Social) junto con Compensar y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El grupo danés FALCK, propietario de la Empresa de Medicina Integral (EMI) servicio de ambulancia prepagada y atención domiciliaria en varias ciudades del país. Por último, el grupo español ATRYS HEALTH propietario de la empresa Teleradiología de Colombia.
Entre los oligopolios nacionales figuran el grupo SARMIENTO ANGULO propietario del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC); el grupo ARDILA LULLE, propietario de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que negocia con la atención del daño que a la salud produce su otro negocio de bebidas azucaradas; Cajas de Compensación Familiar que aglutinan empresas de aseguramiento y prestación de servicios como NUEVA EPS cuyos accionistas son Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, Comfandi y la Compañía Positiva de Seguros S.A; FAMISANAR, cuyos accionistas son Cafam y Colsubsidio, Comfenalco Valle y Confamiliar; AXA COLPATRIA, conglomerado empresarial financiero, seguros de vida, seguros de salud, seguros de riesgos laborales, servicios farmacéuticos y servicios de salud, entre otros; COLMÉDICAS, conglomerado de capital chileno -multinacional de seguros y servicios de salud Banmédica ahora en manos de United Health Group- y nacional -médico, financiero, inmobiliario y religioso- que incluye Aliansalud EPS, medicina prepagada y a numerosos prestadores de servicios de salud; GRUPO SURA, multinacional de la EPS Suramericana y la ARL Sura, de la cual forman parte Sura Asset Management, Suramericana de Seguros, Bancolombia, Argos y Nutresa, entre otros; el grupo PRESTNEWCO SAS, propietario de Medimas EPS; la familia Wilches, propietaria de la EPS Salud Total, el Policlínico del Olaya, la IPS Virrey Solís y la Clínica Los Nogales, entre otros; y el grupo de los hermanos CARLOS y JAIME ARCE, que en Valledupar controla más del 60% de la capacidad instalada de prestadores de servicios, operador del Hospital Regional de Agua Chica, presencia en San Juan del Cesar (Guajira), y está buscando integrarse al negocio del aseguramiento a través de Región Salud EPS en proceso de constitución.
De ese entramado empresarial también hacen parte organizaciones gremiales como AFIDRO (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo), que integra 27 compañías farmacéuticas internacionales; ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), agremia a 10 de las más grandes EPS del país, a empresas de medicina prepagada y de ambulancias prepagadas; ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), incluye la Cámara de gases industriales y medicinales, Cámara sectorial de salud, Cámara de industria farmacéutica, Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud; FASECOLDA (Federación de Aseguradoras Colombianas), agremia a 10 compañías privadas de seguros de riesgos laborales, 13 compañías privadas relacionadas con seguros sociales y de salud y a 11 empresas relacionadas con seguros de accidente de tránsito Soat; ASOBANCARIA (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), agremia
a 37 entidades financieras, varias de las cuales con inversiones en grandes clínicas y aseguradores del país; GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), del cual forma parte SURA; y la ACHC (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas), con más de 300 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud afiliadas, patrocinada por más de 14 empresas multinacionales de tecnología e insumos médicos.
Es llamativo que el actual Proyecto de Ley 010 de reforma de la salud incluya políticas y programas que buscan salvaguardar a EPS, IPS y otras empresas privadas con ánimo de lucro ante la eventual quiebra de sus negocios, además de posibilitar el crecimiento de sus patrimonios, el acceso al crédito y al financiamiento, y así facilitar para ellos todo tipo de negocios en el sector. A través de esas políticas y programas, y mediante los ya conocidos mecanismos de reestructuración, fusión, integración con privados, alianzas público-privadas, liquidación de Empresas Sociales del Estado y depuración del aseguramiento, el Proyecto de Ley seguirá propiciando el marchitamiento de los hospitales públicos y de su misión social, y la conversión en empresas comerciales de las entidades de economía solidaria y sin ánimo de lucro que aún sobreviven en el actual sistema. Un ejemplo de esa estrategia de entrelazamiento entre instituciones o funcionarios del Estado y el sector privado al servicio de la acumulación de capital, es la que pretende obligar al Instituto Nacional de Cancerología a someterse a las reglas de juego del mercado para que en la competencia prospere el nuevo negocio privado de tratamiento e investigación sobre cáncer (CTIC) del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, del cual fue gerente el médico Fernando Ruiz, hoy Ministro de Salud y Protección Social. El nombramiento del ministro fue el resultado de la coalición entre Cambio Radical, propiciada por Vargas Lleras, actual 5 impulsor del Proyecto de Ley 010 y aliado del banquero Sarmiento Angulo y del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y el gobierno del Centro Democrático, partido cuyo jefe político ha sido uno de los más fervientes promotores de la mercantilización del derecho a la salud en Colombia desde la Ley 100 de 1993.
La lucha por el derecho a la salud no debe pasar por alto la identificación de los actores de carne y hueso que han creado la estructura económica y estatal que sostiene el negocio de la salud a través del SGSSS. Tampoco debe pasar por alto la necesidad de la unidad en la acción para poder enfrentar eficazmente a esos adversarios. Es esta una batalla por la democracia, la justicia social, la salud, la vida y la dignidad de los colombianos. Es ello lo que justifica la construcción de un bloque alternativo de poder con los de abajo para la derogación de la Ley 100 y demás leyes que la desarrollan, y lograr la transformación de la salud construyendo un nuevo sistema de salud público, de acceso realmente universal, preventivo, sin EPS, pluricultural, sin exclusiones ni discriminaciones sociales y económicas para el acceso a la atención, que respete los derechos de los trabajadores de la salud, a través de la movilización y una gran convergencia de las fuerzas sociales y políticas del cambio.
Colombia despertó y debemos lograr que la esperanza sea realidad.
Por: Román Vega Romero
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