El próximo 16 de marzo se cumplirá el primer mes de vacunación en el país. Es justo y necesario reconocer la velocidad alcanzada que, si continúa incrementándose y se mantiene la disponibilidad de vacunas, en febrero de 2022 se lograría la cobertura de los 35 millones de personas necesarias para obtener la tan anhelada inmunidad de rebaño.
Sin embargo, el nuevo auge de infecciones ocurrido en otros países donde se ha avanzado en la vacunación, obliga a que se continúe y aumente la búsqueda activa de nuevos casos, verificando su fuente de contagio y siguiendo sus contactos. Por otra parte, es necesario detectar anticuerpos durante un período no inferior a dos años en la población vacunada, para saber cuanto duran esas defensas y así establecer el tiempo que protege cada tipo de vacuna. Además, la búsqueda de anticuerpos después de 90 días en personas que se hayan infectado sintomática o asintomáticamente, no solo permitiría posponer su vacunación para que esas vacunas sean aplicadas a otras de mayor riesgo, sino que daría un cuadro, mas aproximado a la realidad, del comportamiento inmunológico de la enfermedad en el país.
Es verdad que el avance en vacunación produce una sensación de distensión y cierta tranquilidad, que la morbi-mortalidad por COVID-19 disminuye entre la población vacunada y que la proximidad del retorno a una vida de relación es mas probable; pero también es cierto que la amenaza no ha desaparecido. De hecho, siguen muriendo personas aquí y en todo el mundo por esta causa, aún en países con alto nivel de vacunados; por eso es imprescindible mantener un estricto control de migración en fronteras, aeropuertos internacionales y otros puertos de entrada al país; no hay que abandonar las medidas personales de aislamiento mediante el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física entre personas y la ventilación suficiente de espacios cerrados donde sea necesario permanecer.
Y, para lograr el mayor y mejor impacto social de las medidas con las cuales enfrentar la pandemia en Colombia, es necesario abordarla desde la perspectiva sindémica, en la que los determinantes de salud son tenidos en cuenta de manera principal. Esta emergencia ha producido efectos desastrosos en nuestra sociedad, afectando severamente a la población mas pobre y vulnerable, como lo demuestran las estadísticas del DANE. Con la enfermedad han aumentado desmesuradamente el desempleo, el hambre y el deterioro grave de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Garantizar la vida digna de cada habitante del territorio nacional es imperativo ético y obligación del Estado Social de Derecho que es Colombia. Según los estudios realizados por distintos economistas, hemos retrocedido 15 años en nuestra economía.
Ante esto, el movimiento social ha coincidido en el diseño de soluciones con dos propuestas factibles: 1. El cambio del sistema de salud actual por uno que desarrolle la Ley Estatutaria de Salud, en donde la prevención y la no discriminación por capacidad de pago estén al orden del día. 2. La Renta Básica Universal y permanente. Ambas propuestas apuntan a resolver de manera significativa problemas de Salud y Economía, que son las dos caras de la misma moneda pues las personas sanas están en mejores condiciones para trabajar, pensar, convivir y producir riqueza y, por otro lado, la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas mediante un apoyo económico permanente facilita el mejoramiento de la salud mental y física.
Estas propuestas se contraponen a las intentadas en la misma materia por el gobierno: una reforma tributaria que afecta mas a la población trabajadora y una reforma a la salud que profundiza la privatización del sistema. Ambas en beneficio de los sectores económicos mas poderosos. Por eso, si queremos producir esos cambios, es imprescindible trabajar continuamente y sin descanso en el logro de la unidad de todos.
Todo por una buena salud, por un buen vivir y por la dignidad humana.
SERGIO ISAZA VILLA, M. D. – PEDIATRA
PRESIDENTE
FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA
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