“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Termina este año difícil, lleno de sorpresas, frustración, miedo e incertidumbre. Nuestros acompañantes han sido el dolor y la tristeza por la pérdida de más de un centenar de profesionales de la medicina, la enfermería y auxiliares, así como conductores de ambulancias y secretarias administrativas. Porque muchos de esos enfermos y muertos podrían estar hoy vivos y departiendo con sus familias. Porque cuando enfermamos por COVID-19 o por otras causas y sobrevivimos, nos echan del trabajo gracias a las ilegales e inestables formas de contratación deslaboralizada. Porque a estas alturas sigue incumpliéndose la provisión de elementos de protección personal y porque las ARL han esquivado socarronamente su obligación de indemnizar la incapacidad laboral de quienes han caído por enfermedad profesional (léase COVID-19) adquirida durante duras jornadas de trabajo y privaciones. Ni qué decir del incumplimiento en el pago de salarios con retrasos que van desde 1 hasta 14 meses. ¿Y qué tal la burla del no pago a la grandísima mayoría de los médicos residentes y el famoso y tacañísimo bono COVID no entregado sino a una mínima cantidad de trabajadores de la salud? 

Pero también nos han acompañado las ganas de sobreponernos a estos sentimientos y vicisitudes. La rabia, la indignación y la decisión de superar las adversidades no nos han dejado rendirnos. Ante la actitud omisa y displicente del ejecutivo y sus políticas gubernamentales hacia el personal de salud, hemos reaccionado buscando acciones conjuntas, entregándole desde el comienzo propuestas alternas al manejo que ha dado a esta emergencia pandémica. ¿La respuesta? Incumplimiento de acuerdos y silencio. Dictado de Decretos autoritarios y proyectos de ley que buscan doblegarnos y acabar de arrebatar la infraestructura sanitaria para regalarla a los intermediarios aseguradores y financieros.  Así, el gobierno culminará su tarea de privatización total del sistema de salud mientras pregona con desfachatez la falacia de que todo eso se hace en nombre del derecho fundamental a la salud para desarrollar la Ley Estatutaria de Salud. 

Solo meses después de haberlo propuesto, se vienen incrementando constantemente el número de pruebas diagnósticas para intentar hacer incompleto seguimiento al SARS-CoV-2, luego de sumisa obediencia a la orden de ACEMI de no hacerlas más. Fue necesaria una tutela para que se restableciera ese control a los inmigrantes al país a pesar de que, contrario al ministro de salud y uno que otro epidemiólogo que dicen que hacer pruebas no sirve para nada, revistas científicas como la prestigiosa Science, entre otras, en su número del 21 de diciembre de este año considera tal metodología el instrumento fundamental de Salud Pública para controlar la pandemia. A pesar de que los países más exitosos en su tratamiento y control sanitario con afectación leve de su economía nos hayan demostrado que su éxito ha sido posible gracias a: 1. Una rigurosa y estricta política de salud pública consistente en hacer prueba; 2. Establecer el aislamiento de los casos positivos y sus contactos; 3. Hacer obligatorio el uso de la mascarilla protectora y 4. Incentivar a que las gentes no salgan de sus casas sino en caso necesario. El ejemplo más palpable es Vietnem, un país con la cuarta parte de territorio, el doble de población y menos recursos financieros para la salud que Colombia, pero con un sistema sanitario basado en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Según la OMS, al mes de abril pasado no había registrado muertes y contaba solamente 268 contagiados. Dice el informe que Vietnam, al igual que Taiwan, Nueva Zelanda y Uruguay, centra su actividad en la prevención y garantiza el control de la pandemia con la dinámica y diligente acción de su aparato de salud pública, ampliamente ramificado, a la vez que cuenta con el apoyo de los órganos de seguridad militar y de policía para hacer pruebas COVID-19 y monitorear la población. La coherencia entre tomar decisiones y garantizar su cumplimiento es posible también por el comportamiento social, pues la población confía en las políticas sanitarias, y en los barrios se burla y sanciona socialmente a los vecinos que no las cumplen, según comenta una noticia de la emisora de TV alemana Deutsche Welle (D. W.).

La demostración de que es posible que los sistemas de salud deben, precisamente, privilegiar su diseño y desempeño en promover la salud y prevenir enfermedades, debe ser aliciente para mantenernos en nuestra acertada exigencia de enterrar el Proyecto de Ley 010 y desarrollar la Ley Estatutaria de Salud mediante una ley ordinaria que transforme estructuralmente el corrupto sistema creado por la Ley 100/93, que hemos soportado desde hace mas de un cuarto de siglo, con todas sus amenazas y burlas contra el Derecho Fundamental a la Salud. Descansemos estos días de fin de año y celebremos la vida sin bajar la guardia. Hay que aprovechar la resiliencia que nos caracteriza para continuar este arduo camino de resistencia manteniendo y fortaleciendo la unidad y decisión necesarias para lograr nuestro objetivo: quien esté en Colombia debe poder tener un buen vivir, es decir, una vida saludable y feliz. 

Felicidad, confianza, iniciativa, alegría y afecto para todos. Los necesitamos.

SERGIO ISAZA, M. D. – PEDIATRA
PRESIDENTE
FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA