“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

En un texto de cuatro páginas dado a conocer el pasado 14 de diciembre, el Pacto Nacional por la Salud y la Vida exige nuevamente al Congreso de la República archivar el Proyecto de Ley 010 Senado/425 Cámara que, asegura la agrupación, profundiza el daño del sistema de salud colombiano en vez de solucionar sus fallas. 

Aclara el documento que, según dicho proyecto, las EPS desaparecerían pero, en verdad, si llegara a convertirse en ley, se volverán aseguradoras privadas (AS); dice también que, supuestamente, todo va a mejorar con la creación de alianzas público-privadas para regionalizar el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud, pero la realidad es que el objetivo no es favorecer a las poblaciones de los territorios sino facilitarle a los grandes empresarios, incluídos los clanes de caciques políticos regionales, la forma de controlarlos totalmente y luego apoderarse de los bienes públicos. Mas adelante expresa el comunicado que el PL 010 no propone mejorar la atención del paciente con el Fondo de Garantías en Salud, pues no intenta proteger a las instituciones públicas o solidarias ni garantizarles su sostenibilidad financiera, ya que el articulado relacionado a ello fue ideado con el fin de proteger a las grandes EPS e IPS para evitar su quiebra y aumentar su capital junto al de las demás empresas privadas participantes.  

Asegura que este Proyecto de Ley va en contra de lo estipulado en la Ley Estatutaria de Salud, 1751 del 2015, que establece el acceso a los servicios médicos como parte del derecho fundamental a la salud y que la Atención Primaria Integral en Salud continúa siendo un objetivo que no se cumple. El acceso que a la salud puedan tener los habitantes de los territorios apartados y otras zonas rurales será mínimo o nulo, pues continuará dependiendo del exiguo aporte financiero que quieran destinar las futuras AS a esas zonas por ser de nula o mínima actividad mercantil y, por lo tanto, sin capacidad para comprar aseguramiento suficiente que cubra el precio de sus servicios. Así que la atención en salud se convierte en engañosa ilusión y no será del todo pública al no poder acceder a ella los grupos indígenas, campesinos, afrocolombianos o, en general, todas las personas pobres, pues estará controlada por un oligopolio financiero en el que sus principales beneficiados son los grandes empresarios que lo constituyen. 

Además de ser inconstitucional, el PL 010 no soluciona la tercerización laboral y sí discrimina a la población entre pobres y no pobres, con lo que promueve la desigualdad económica y va en contra del principio de universalidad de la Ley Estatutaria, que no da lugar a ninguna clase de discriminación. 

“Mientras la Ley Estatutaria de Salud ordenó acabar con cualquier plan explícito de beneficio en salud y sólo estableció criterios para definir exclusiones explícitas, este proyecto insiste en el plan de beneficios porque es el instrumento central para mantener la innecesaria intermediación financiera actual para el manejo de los recursos públicos disponibles. Tampoco desarrolla una propuesta clara para abordar los determinantes sociales de la salud y solo se queda en enunciados generales muy vagos”, afirma el documento. 

Ante el llamamiento de agrupaciones como el Pacto Nacional por la Salud y la Vida y otros grupos sociales, profesionales, académicos, culturales, sindicales y gremiales convocando a un gran encuentro nacional para el primer semestre del año entrante, la Federación Médica Colombiana (FMC) ha manifestado su respaldo a tal propuesta invitando a todo el personal que trabaja en el área de la salud a confiar entre sí para que todos puedan actuar unidos en el rechazo del Proyecto de Ley 010 y exijir así un mejor sistema de salud para el país. Organizaciones como ACOME, ANIR, FMC, ASMEDAS y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760, entre otras, también han exigido al Congreso de la república el archivo del PL10 con los argumentos que demuestran por qué este Proyecto de Ley es inconstitucional, contradice la Ley Estatutaria de Salud y es nocivo para los habitantes de Colombia. 

Foto: Cristian Lesmes
Por: Oficina de Comunicaciones
Federación Médica Colombiana