Dos hechos clave en torno a la pandemia se registraron ayer. Por un lado, el proyecto de ley sobre vacunas contra el coronavirus, que fue aprobado en Cámara y Senado, pasó a sanción presidencial luego de que fuera conciliado entre ambas instancias.
o que significa que solo le falta la firma del presidente Iván Duque para que sea ley de la República.
Y, por otro lado, el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, ratificó su determinación sobre exigir el resultado negativo de la prueba todo viajero que ingresa al país, aunque el Gobierno apeló y dijo que aún no se aplicará.
Frente al tema de vacunas, el senador ponente del Centro Democrático, Fernando Araujo, dijo que así se declara la vacuna COVID-19 como de interés general, lo que se traduce en que será aplicada gratuitamente a los colombianos.
La conciliación fue aprobada en sesión mixta entre Cámara y Senado y mantuvo lo incentivos a las empresas y personas que quieran donar para financiar la estrategia de inmunización, recibiendo el beneficio del 50 % como pago de impuestos adelantado.
Araujo aseguró que la responsabilidad quedará en cabeza de los fabricantes con consideraciones especiales para poder negociar con los mismos, especialmente por la polémica generada en el país en torno a la exoneración de responsabilidad a las farmacéuticas en caso de reacciones adversas.
En este punto es necesario recordar que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, había destacado que esa exoneración era prácticamente una exigencia que estaban realizando las farmacéuticas, especialmente porque la investigación de la vacuna se hizo en menos de un año y no en ocho o 10, como se acostumbra.
El artículo en cuestión
Puntualmente, la discusión tiene que ver con el artículo quinto del proyecto, el cual señala que “los fabricantes de vacunas contra la COVID–19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
De igual manera, un parágrafo señala que el régimen de responsabilidad solo se aplicará a las vacunas contra la covid-19 y las que se generen, “en caso de otras pandemias, mientras estas se encuentren bajo un régimen de aprobación de emergencia o una aprobación especial transitoria por parte de las entidades competentes”.
Araujo, además, señaló que “dentro del proyecto quedó establecida la posibilidad de acceder a la vacuna no solo por el mecanismo Covax, sino que también se permiten las negociaciones bilaterales con los fabricantes”, como está sucediendo en la actualidad.
Incluso, el Gobierno ya tiene listos $437 mil millones para comprarle 10 millones de vacunas COVID-19, al laboratorio Pfizer.
Así quedó establecido en la Resolución 2327 del Ministerio de Hacienda, que fue firmada el 25 de noviembre pasado. Según ese documento, cada dosis de la vacuna contra el coronavirus cuesta 12 dólares (unos $42.000).
Además, el artículo séptimo plantea que se establece que el Gobierno Nacional, “sujeto a disponibilidad de recursos”, podrá adquirir una póliza de cobertura global para cubrir las posibles “condenadas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacuna contra la covid-19 aplicada por el Estado”.
Para definir las posibles reacciones adversas frente a la vacuna covid, el artículo cuarto menciona que se creará un Consejo de Evaluación dedicado al tema, el cual se instalará como parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud ,Iets, el cual se encargará de evaluar la existencia o inexistencia de un “nexo causal” entre un evento adverso y la aplicación de la vacuna. Estará integrado por cinco consejeros, “quienes tendrán apoyo técnico del Iets”.
Fallo sobre PCR
Entre tanto, una decisión judicial emitida durante la semana pasada por el Juez 11 Administrativo de Bogotá, Giovanny Legro, fue ratificada ayer por el mismo despacho y, vía tutela, desestimó la postura del Gobierno en torno a que no era necesario solicitar pruebas PCR para identificar el estado de salud frente al covid-19 de los extranjeros que lleguen al país vía aérea.
La determinación del alto gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, cayó como un baldado de agua fría para más de una autoridad local y el sector salud, teniendo en cuenta que el hecho de no solicitar dicha prueba podría generar un rebrote del virus. Una de estas voces críticas fue la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
El juzgado dejó claro que la prueba PCR, no debe exigirse en el territorio nacional cuando se tenga una vacuna eficaz contra el virus y se cumpla con los factores de análisis que faciliten la toma de decisiones.
Dijo que todo debe ser acorde a lo indicado por la Organización Mundial de Salud, en relación con la epidemiología y las pautas locales de transmisión, las medidas nacionales de salud pública y social para controlar los brotes, tanto en el país de origen como en el de destino.
Añadió que esto también se registrará cuando el gobierno nacional decrete la terminación de la emergencia sanitaria en el país, con las condiciones epidemiológicas adecuadas, suficientes y seguridad en salud pública para la población.
Al respecto, el ministro Ruíz dijo anoche que, tras analizar el nuevo pronunciamiento, “hay imposibilidad de aplicación de dicho fallo”, en la medida de que hay una “limitación sobre la autoridad sanitaria”.
Por eso, advirtió que, mientras se surtan las apelaciones legales presentadas, se permitirá el ingreso de viajeros desde el exterior sin prueba PCR.
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Por: Colprensa
Tomado de: Vanguardia.com
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