La violencia contra las mujeres en Colombia se ha recrudecido desde que inició la cuarentena. Han sido asesinadas por lo menos 167 mujeres en 4 meses, y se han registrado más de 58 mil llamadas a la línea de atención nacional de violencia contra la mujer.
*Este artículo hace parte del especial Violentadas en cuarentena, del portal Distintas Latitudes. Esta investigación transfronteriza en 19 países de América Latina y el Caribe explora la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por el Covid-19.
“Nos están matando”, se escucha en las calles, ya no solo por el asesinato de líderes sociales, de jóvenes, o por las repetitivas masacres perpetradas con la agudización del conflicto armado colombiano, sino por el asesinato sistemático de mujeres durante la cuarentena. La pandemia ha expuesto la radiografía de las violencias contra las mujeres en el país: los patrones constantes de agresión, los lugares donde no están a salvo, las denuncias, las llamadas de emergencia y, lo que es más grave, los feminicidios registrados. Se trata de una realidad que no es invisible y que acaba con la vida de miles de personas, particularmente, mujeres.
La Fiscalía General de la Nación reportó 55 víctimas de feminicidio desde el 25 de marzo —fecha en la que inició el aislamiento preventivo obligatorio— hasta el 31 de julio de 2020. Sin embargo, los datos recopilados por el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158 víctimas de este delito durante el mismo periodo. Al cruzar los registros de las organizaciones sociales y el ente fiscal, esta investigación encontró un total de 167 casos, que más allá de ser una cifra, son historias de mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia machista, “un constante recuerdo de que la vida de las mujeres no importa”, como lo menciona Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio Feminicidios Colombia – Red Feminista Antimilitarista.
Ana Mercedes Rivas fue asesinada el 22 de abril por su pareja, Maximiliano Lezcano, en su casa ubicada en Medellín. Justo después de matarla, el feminicida intentó suicidarse. Ana Mercedes tenía 39 años, era madre soltera y tenía tres hijos: Duván Andrés de 21 años, Camila de 18 y Santiago de 15. Historias como la de ella ocurren repetitivamente a lo largo y ancho del país, donde se encuentran patrones de violencia machista que visibilizan el problema estructural contra las mujeres. En muchos casos, por ejemplo, las víctimas de feminicidios eran madres cabeza de hogar (como Arly en Santander*), mujeres jóvenes (Cindy en Huila*), empobrecidas (Yenny en Bogotá*) e incluso menores de edad (Ángela en Putumayo*); quienes convivían o tenían algún vínculo cercano con sus agresores, en su mayoría de veces, parejas (Marlly en Cauca*) o ex-parejas (Alba en Antioquia*).
Asimismo, los feminicidios registrados ocurrían en los hogares de las víctimas; y el victimario frecuentemente intentaba escapar o suicidarse.
Feminicidios que relatan la desigualdad económica, política y social en la que viven las mujeres en las ciudades y en las zonas rurales del país, pues durante el confinamiento esta violencia sistemática se vio agudizada, no solo por el asesinato hacia las mujeres, sino en las denuncias a la Línea 155, línea nacional habilitada que registró 58256 llamadas desde que inició la cuarentena hasta el 31 de julio, de las cuales el 90% fueron realizadas por mujeres para denunciar violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica, según la microdata suministrada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Esta investigación intentó contactarse con Gheidy Gallo, consejera de esta entidad, para conocer las acciones planeadas que buscan mitigar esta problemática, pero no se obtuvo respuesta.
Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, una de las organizaciones voceras sobre las violencias contra las mujeres en el país, expresó que, “si bien el sistema de justicia ha reportado un descenso en las denuncias, en contraste, las mujeres si están buscando más ayuda por hechos de violencia a líneas de apoyo en el marco de la cuarentena”, pues las agresiones persistentes que han vivido en sus hogares demostró que el ámbito privado nunca dejó de ser un escenario peligroso.
La Policía Nacional, institución que atiende la Línea 123 para reportar cualquier tipo de emergencia, registró desde el 25 de marzo al 31 de julio, un total de 3738 llamadas, de las cuales 1523, es decir alrededor del 41%, fueron por violencia contra la mujer. Asimismo, la Línea Púrpura Distrital, línea de orientación y atención psicosocial telefónica para las mujeres en Bogotá, recibió 5971 llamadas desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de agosto, de las cuales 3387, es decir más del 56% denunciaban a la pareja sentimental de la víctima como agresor.
Para la psicóloga especializada en género Paola Duque, muchas de las mujeres que sufren este tipo de violencia, específicamente generada por sus parejas, tienden a aislarse y a justificar a su agresor, como resultado de una sociedad que las ha enseñado a comportarse así. “La mujer empieza a recibir preguntas y señalamientos sobre su relación amorosa y esto produce que se aísle. La vergüenza la lleva a silenciarse y apartarse, lo que favorece que el agresor pueda ejercer todo el control que desea sobre ella, y que la víctima termine justificándolo”, explicó.
Por otra parte, muchos de los agresores, según Duque, tienen “rasgos narcisistas, trastorno límite de la personalidad y una imagen devaluada de sí mismos”. Aunque la psicóloga no lo considere como una patología, sí cree que el origen viene de una estructura cultural patriarcal y machista.
No están a salvo en sus casas, no duermen tranquilas; se trata de un contexto violento y misógino que por tantos años le fue quitando la vida a miles de mujeres. Por esta razón, organizaciones sociales, colectivas, activistas feministas y el movimiento político Estamos Listas han recolectado firmas en todo el país para exigirle al gobierno colombiano que se declare en emergencia por este tipo de violencia. ‘Nos están matando’, ‘paren la guerra contra las mujeres’, ‘ni una menos’, consignas que se escuchan en manifestaciones y que exigen cambiar esta realidad para las mujeres en Colombia y América Latina.
¿Qué han hecho los países latinoamericanos por las mujeres en la pandemia?
La pandemia por la covid-19 desnudó los hilos más finos del sistema. Las historias y los números en torno a la violencia contra las mujeres por motivos de género relevados por Violentadas en Cuarentena son una prueba de ello: 1409 feminicidios registrados de marzo a junio de 2020, 242 mil 144 denuncias por algún tipo de violencia contra la mujer y 1 millón 206 mil 107 llamadas a alguna de las líneas nacionales o líneas telefónicas habilitadas para reportar algún tipo de violencia contra la mujer. Eso representa, en comparación, más asesinatos de mujeres que toda la población viviente en la Ciudad del Vaticano, y sobre el número de llamadas a las líneas de asesoramiento, casi la mitad de la población de toda Uruguay. Es lo insondable de los números, tan grandes y tan lejanos e indiferentes si no se miran con perspectiva de género.
¿Qué hicieron, entonces, los Estados latinoamericanos para atender y prevenir las violencias basadas en género durante los aislamientos? Según el Rastreador Global de Respuestas de Género a COVID-19, lanzado en conjunto por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —a partir de información oficial pública de 33 países de America Latina y el Caribe y encuestas realizadas por expertas y expertos—, el organismo internacional evidenció 261 medidas y política en respuesta a la covid-19 con perspectiva de género, de las cuales, 177 corresponden a medidas para responder a la violencia contra las mujeres.
Al revisar los 19 países que analiza Violentadas en Cuarentena, el informe declara que de 401 políticas, 211 (52%) fueron sensibles a la perspectiva de género. De las mismas, 142 (67%) fueron políticas en torno a la violencia contra las mujeres, 53 (25%) fueron sobre seguridad económica de las mujeres y solo 16 (8%) abarca el trabajo de cuidados no remunerado.
Tatiana Rein Venegas, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), es crítica al valorar varias de las acciones adelantadas por los gobiernos regionales, pues, dice, implica poner sobre la mesa la discusión de fondo sobre la violencia en contra de la mujer por razones de género, con planes y estrategias claros a la par que se combate al covid-19. “Pero lo que vemos es que las medidas son sectoriales, sin aumento de presupuesto y en casos con reducción del mismo, y con una mirada centrada en la violencia intrafamiliar y sin una mirada integral, que incorpore la prevención, la sanción, erradicación y reparación de la violencia”, sostiene.
En la misma línea, Feministas del Abya Yala —la articulación de colectivas feministas de carácter plurinacional, territorial, popular, indígena y comunitaria—, considera que el abordaje en materia de violencia de género por parte de los Estados ha mostrado “una vez más, ser reduccionista”. Dado que cualquier medida “resulta insuficiente si no se piensa la problemática desde la integralidad e interseccionalidad, y desde la multicausalidad y la gravedad de los efectos que genera”. Abya Yala es el nombre para reivindicar los territorios que se empezaron a nombrar como América tras la colonización.
La mayoría de las políticas han sido abocadas a fortalecer las líneas de atención telefónica y fomentar la denuncia de las personas en situación de violencia. Pero fortalecer las líneas no es suficiente. Según los datos de Violentadas en Cuarentena, en marzo y abril de 2020, casi todos los países de la muestra registraron un aumento en las llamadas por violencia a partir de la cuarentena decretada por la pandemia. Sin embargo, esto no se reflejó en las denuncias judiciales en algunos países, como Argentina, Venezuela y Costa Rica. Incluso hubo casos como en Ecuador, Puerto Rico y Guatemala, donde las denuncias bajaron. Esto puede deberse, según la explicación de diversos actores públicos, a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en convivencia constante con su agresor.
María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, expresó: “Vemos con preocupación que aún existen muchas barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, los servicios de atención han sido interrumpidos o el foco de las autoridades está en la respuesta a la crisis y en hacer cumplir con las medidas de aislamiento social y esto puede generar mayor impunidad para los perpetradores”.
Sobre la justicia, Feministas del Abya Yala hacen énfasis en que enmarcar la problemática de la violencia en una cuestión de seguridad es reducir el problema: “La violencia es pura estructura, es un modelo relacional ahincado histórica y culturalmente, una desigualdad de poder que circula entre quienes la detentan y quienes la padecen; y esto va desde los vínculos domésticos hasta la esfera más alta de las jerarquías del Estado y la sociedad”. En este punto, se refieren a las violencias perpetradas por el propio Estado, y ejemplifican con las situaciones de violencia hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries durante la represión del gobierno de facto autoproclamado en Bolivia y, en Chile, a las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas a partir del estallido social de octubre de 2019.”Lo doméstico se constituye como un micromundo en donde se reflejan ni más ni menos todas las otras violencias que padecemos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales, intersex y no binaries”, asevera la articulación regional y se pregunta: “¿Se podrá confiar que este mismo Estado que regentea el delito en los barrios, en connivencia con el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución, es aquel que va a garantizar la vida digna?”.
Ante este panorama es necesario rememorar los 167 feminicidios durante el aislamiento preventivo obligatorio, que más allá de una cifra, son mujeres que no serán olvidadas. Esta investigación recopiló los datos suministrados por el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la Fundación Feminicidios Colombia y la Fiscalía General de la Nación, desde el 25 de marzo al 31 de julio de 2020. Samara Díaz, periodista de Rutas del Conflicto, diagramó y localizó esta información.
Por: Samara Díaz y Mayra Monroy
TOMADO DE: ELESECTADOR.COM
Comentarios recientes