En los últimos años varios organismos internacionales han invitado a los Estados para que adopten un etiquetado frontal basado en la mejor evidencia científica, pero en Colombia el Estado ni siquiera les exige a las industrias presentar información nutricional. El etiquetado no es solo un asunto de salud, es un asunto de derechos humanos.
El pasado 27 de julio, el saliente Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dr. Dainius Puras, emitió una enérgica declaración sobre la importancia del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas, como una estrategia fundamental para la protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos del mundo.
La situación de sobrepeso y obesidad es hoy por hoy uno de los asuntos más urgentes en la agenda de la salud global y se ha evidenciado que una estrategia basada exclusivamente en educación y actividad física, sin intervenir a la industria y sus productos, es insuficiente. De acuerdo con un estudio publicado en The Lancet, América Latina es la región que reporta el mayor consumo de bebidas azucaradas y grasas trans, lo cual nos hace más vulnerables a enfermedades no transmisibles como enfermedades del corazón, diabetes o algunos tipos de cáncer. Incluso la pandemia de covid-19 nos ha alertado sobre las graves consecuencias del sobrepeso y la obesidad para nuestra salud individual y colectiva.
El pronunciamiento del Relator Especial de Naciones Unidas se suma a los muchos otros llamados de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y Unicef, quienes en los últimos años han invitado a los Estados para que adopten un etiquetado frontal basado en la mejor evidencia científica disponible para frenar el sobrepeso y la obesidad, especialmente en los países de bajo y mediano ingreso como Colombia en donde cada vez se evidencia un incremento en el riesgo en salud y en la economía de los grupos más vulnerables. Para el Relator, actuar contra el aumento de peso a nivel global se ha convertido también en una acción necesaria y urgente contra la inequidad social.
La salud no es una responsabilidad exclusiva de las personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de terceros que puedan perjudicar su salud y bienestar. En el caso de la alimentación, los ciudadanos estamos en una situación de desventaja al no tener información suficiente sobre lo que consumimos nosotros y nuestras familias. En Colombia, el Estado ni siquiera les exige a las industrias presentar información nutricional. La ley es tan flexible que las empresas presentan la información que quieren y desafortunadamente, esta no es suficiente para que podamos comprender de manera clara y sencilla el impacto del consumo de estos productos en nuestra salud. Si el Estado no actúa para que accedamos a la información necesaria, nadie más podrá lograrlo. Es su obligación.
De hecho, el Dr. Puras es enfático en señalar que el etiquetado frontal de advertencia no solamente contribuye en la protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada, sino que también ubica en un plano de igualdad a consumidores e industria cuando la información es clara y permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones. Eso sí, señala que la forma en la que se presenta la información debe darse a partir de la mejor forma que señale la evidencia científica. Esto es importante porque en el mundo existen múltiples formas de presentar la información nutricional de los productos. Sin embargo, diversos estudios indican que estas formas no tienen el mismo impacto. Durante años, la industria de alimentos y bebidas ha defendido una forma de etiquetado conocida como GDA (por sus siglas en inglés, Guideline Daily Amount) que hoy sabemos que no ayuda a que los consumidores se informen de manera adecuada. En cambio, los sellos de advertencia en forma de octágonos, con un fondo negro y mensajes simples, implementado en países como Chile, Uruguay, Perú y México, han tenido resultados mucho más favorables a pesar de las intensas críticas de la industria. Una política pública coherente con la protección de la salud de los ciudadanos debería utilizar la mejor estrategia posible y no simplemente la que la industria prefiera, como ha pasado por años.
La prevención de las enfermedades y la promoción de una vida cada vez más saludable va mucho más allá de nuestros sistemas de salud. Tener una mejor salud pública implica observar nuestro entorno para modificar los factores que afectan nuestra salud y calidad de vida. Nuestros ingresos, la calidad del aire, las condiciones de nuestros trabajos y viviendas, los estándares de seguridad de nuestros vehículos, el acceso a educación de calidad, los alimentos que consumimos a diario, entre muchos otros, afectan nuestra salud día a día. El etiquetado frontal de advertencia es una forma útil y necesaria para enfrentar el sobrepeso y la obesidad en nuestros países. La declaración del Relator Especial ratifica que el etiquetado no es solo un asunto comercial o de salud, es un asunto de derechos humanos.
Por: Johnattan García Ruiz*
TOMADO DE: Elespectador.com
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