El proceso de responsabilidad fiscal, que inició con el Auto No. 658 del 22 de julio de 2020, proferido por el contralor delegado Intersectorial No. 14 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, tiene como entidad afectada a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y hasta el momento vincula como presuntos responsables a:
- Medimás EPS
- La empresa contratista Century Farma S.A.S. en liquidación
- Y diferentes personas que ocupan u ocuparon en su momento diversos cargos directivos en Medimás EPS o incluso hicieron parte de su Junta Directiva, tales como: José Antonio Durán Ariza, Néstor Orlando Arenas Fonseca, Alex Fernando Martínez Guarnizo, Ricardo Marcelo Betancur Correa, Gonzalo Delgadillo Toro, Mauricio Arturo García Ortiz, Mónica Patricia Uribe Botero, María Inés Agudelo Valencia, Luis Alfonso Samper Insignares José Guillermo Peña González, José Eugenio Carrera Quintana, Jesús María Carrillo Ballesteros, Blanca Elvira Cajigas de Acosta y Elizabeth Hernández Castellanos.
La cuantía del detrimento patrimonial fue estimada en esta providencia inicial, exactamente en la suma de $148.843.715.531, según señala el ente de control.
Millonarios anticipos sin legalizar y pago de servicios médicos a fallecidos
La CGR indica que, para la apertura del proceso fiscal, fue determinante un hecho evidenciado por la auditoría consistente en el reconocimiento y pago con cargo a los recursos públicos del SGSSS de sumas de dinero por conceptos superiores o diferentes a su naturaleza y destinación, así como el giro de una porción de los mismos a contratistas, por medio de la figura de anticipos.
Se destaca en la providencia por la que abrió este proceso que se aprobaron y pagaron anticipos por $144.788 millones otorgados en el marco de contratos financiados con los recursos del SGSSS y que no pudieron ser objeto de legalización, dado que la empresa beneficiaria Century Farma se declaró disuelta y en estado de liquidación. Además, se habrían pagado unos $1.074 millones por diversos servicios médicos, respecto de usuarios que para la fecha de los mismos se encontraban fallecidos y se habrían cancelado unos $2.981 millones en multas impuestas a Medimás EPS por la Superintendencia Nacional de Salud, con recursos del SGSSS, concluye indicando la Contraloría.
TOMADO DE: Eldiariodesalud.com
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