“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Desde el 25 de marzo, 13 días después de que fuera declarada la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre errores en el rotulado, embalaje y traslado de las muestras.

Un proceso disciplinario contra 17 representantes legales de EPS y funcionarios de direcciones de salud departamental, municipal y distrital abrió la Procuraduría por la demora de entrega de resultados de más de 70 mil pruebas de COVID-19 en el país.

Las demoras, según el Ministerio Público, superan en algunos casos los 30 días. El organismo de control investiga también presuntas irregularidades en el proceso de toma y embalaje de muestras PCR para el diagnóstico del virus.

La decisión cobija a los representantes legales de Nueva EPS, Mutual Ser EPS, Comfamiliar Nariño EPS, Emmsanar EPS, Salud Total EPS, Coomeva EPS, Medimás EPS, Famisanar EPS, Comfacundi EPS, Ambuq EPS, Comparta EPS, Compensar EPS, Sanitas EPS, Dirección de Sanidad Militar, Cajacopi EPS, Asmet Salud EPS y Mallamás EPS.

Así mismo, a funcionarios por establecer de las secretarías de salud de 18 departamentos, cuatro distritos y 88 municipios.

A nivel departamental, el atraso en la entrega de resultados es de 50.473 casos. Antioquia es el departamento con más pruebas pendientes, con 21.130.

En los municipios, el número de pruebas represadas es de 5.775 y en los distritos, de 17.792, para un total de 70.522.

La Delegada para la Salud de la Procuraduría remitió a la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República copia del informe que identifica las presuntas irregularidades, para que se evalúe el inicio de las acciones que se determine en cada caso.

Además, pidió a la Supersalud verificar que los laboratorios públicos y privados avalados para el procesamiento de muestras cumplen con sus compromisos, especialmente frente a sus obligaciones en términos de oportunidad y calidad, y en caso contrario iniciar las acciones administrativas que sean de su competencia.

Tras una visita al Instituto Nacional de Salud el domingo 22 de marzo se evidenció el incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud con embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplían con los requisitos para continuar con el proceso de detección del virus.

Población vulnerable, prioridad
El Gobierno Nacional anunció que las primeras personas que recibirían una vacuna contra el COVID-19, una vez comience su aplicación, serán las pertenecientes a los grupos de mayor riesgo de mortalidad por el virus. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explicó que “esa población de riesgo puede equivaler a 6,8 millones de personas, que sería el primer núcleo de vacunación”.
El presidente Iván Duque señaló: “Lo que nos han dicho los expertos – y creo que en eso hay un consenso – es que en los primeros ciclos de vacunación tenemos que llegar a esa población que está en altísimo riesgo de morir a causa del coronavirus”.
TOMADO DE: Vanguardia.com