Hambre y Pandemia en la Guajira

Cuando hablamos de hambre en La Guajira hablamos no sólo de la insatisfacción de las necesidades físicas de sus habitantes sino también de otras que han impedido el florecimiento humano del guajiro, en paz y en armonía con la naturaleza, consigo mismo y con otros.

Para cualquiera que analice la realidad económica, social, cultural, política, ética y sanitaria de La Guajira, el hambre es sinónimo de falta de soberanía alimentaria y nutricional, de insuficiencia de ingresos, de carencia de acceso a agua potable y alcantarillado, de limitado acceso a educación pertinente y de calidad, de fracaso del actual sistema mercantilizado de salud, pero también de irrespeto a la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas, de bloqueo del desarrollo creativo, emocional y moral del pueblo guajiro, de falta de participación política, y de discriminación de las poblaciones campesinas, afro descendientes y de las mujeres.

El hambre en la guajira se puede resumir en la persistencia histórica de necesidades básicas insatisfechas superiores al 65%, y para el 2017 en una pobreza monetaria del 53%, pobreza extrema superior al 26%, pobreza multidimensional general de más del 72%, llegando en algunos municipios como Manaure al 90.4%, a nivel rural al 84,6% y en los grupos étnicos al 87,2%.

La Guajira sigue siendo el departamento del Caribe con el menor número de nivel de años de educación promedio de su juventud, y con la menor cobertura de educación superior, que hoy sólo llega a un poco más del 20%. Es el departamento donde el acceso al agua potable es un privilegio del 4% de su gente, y donde la mitad de la población rural, y la tercera parte de la urbana, no tiene dinero para acceder a una canasta básica de alimentos.

Lo más grave de todo lo anterior, es que la carencia de ingresos, la falta de acceso a alimentos, a educación, agua potable y salud, entre otros, se concentra en los sectores de la población más pobre, en los indígenas, afrodescendientes, pequeños y medianos campesinos y mujeres.

Uno no se explica por qué a un pueblo, con una riqueza tan grande en el mar, en el campo, en sus paisajes exóticos, en su cultura propia, en el subsuelo, en las energías emanadas del viento, también del mar y del sol, sus gobernantes, que son elegidos supuestamente para protegerlo, le hayan dejado morir de esta epidemia de hambre por décadas.

Pero el hambre, en todas sus dimensiones, medida por todos los métodos científicos, éticos o estéticos posibles, es el resultado de una desigualdad económica, social y cultural histórica. En materia de desigualdad de ingresos, la Guajira está peor que Bogotá con un coeficiente de Gini de 0,55 en el 2017. Esta desigualdad la han producido, profundizado y reproducido en su propio beneficio quienes desde el poder de las empresas multinacionales, la nación y el departamento, se han enriquecido a costa del empobrecimiento físico, emocional, intelectual, estético y moral del pueblo guajiro.

¿Cuáles son las consecuencias en nutrición y salud de la epidemia de hambre en La Guajira?

Desde que se comenzaron a registrar las primeras estadísticas se conoce que las muertes por desnutrición en menores de cinco años y las muertes maternas en la Guajira, son generalmente 3 a 4 veces más altas de lo que ocurre en promedio en el país, y muchísimo más de lo que sucede en ciudades como Bogotá o Medellín. Y en el pueblo wayuu, esa desigualdad es aún mayor.

Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (2015), la Guajira es uno de los departamentos del país con mayor inseguridad alimentaria en el hogar (69,3%) luego de Chocó, Sucre y Vichada, y en inseguridad alimentaria severa ocupa el segundo lugar (25%) luego del Chocó. Las muertes evitables en menores de 5 años notificadas al Instituto Nacional de Salud en el Departamento de La Guajira en el primer semestre del año 2019 (Semana epidemiológica 24), muestran que del total de muertes por estas causas en el país, la Guajira tuvo el 13,5% (16) en DNT, el 7,14% (15) en IRA y el 21,3% en EDA. En abril de este año, fecha en la que “MinInterior, con el señor Daniel Palacio, pisaron territorio Wayuu para llevar una caja de comida que no le alcanza a una familia wayuu para una semana”, como lo dice Wilander Gonzalez, wayuu pushaina, las muertes notificadas por las anteriores causas han sido mayores que las del 2019. Algo similar sucede con las muertes maternas. Esta situación es peor en los municipios con mayor población indígena.

¿Cómo se presenta la otra epidemia, la de Covid-19 en la Guajira?

Un nuevo símbolo del abandono y del olvido del pueblo guajiro es la tragedia sanitaria de la Covid-19. A julio 25, la Guajira tenía 1.757 casos confirmados, con afectación de 14 de los 15 municipios, y una tendencia creciente de fallecidos, siendo actualmente de 103 registrados, con una letalidad de 5,7%. En la tierra del maíz, Maicao (Maiko´u), epicentro de la pandemia en La Guajira, hay aproximadamente el 55% de los casos positivos (959 personas) y el 68% de los fallecidos del departamento (70 personas), lo que perfila una letalidad del 7,3% del total de infectados en Maicao, más del doble de Colombia, que es a la fecha del 3,4%.

Entre los contagiados, más de 86 son personas wayuu, según reporte del municipio de Maicao. Los muertos wayuu son cremados sin autorización de la familia clanil, lo que ha generado malestar entre este pueblo indígena, ya que al no seguir sus ritos, se hace una afectación más del muerto, cuya alma quedaría “prácticamente arrojada al viento sin poder entrar a Jepirra, lugar donde todos los wayuu se reúnen después de esta vida”. Atender este clamor del pueblo wayuu es muy importante, y las autoridades de salud deberán buscar un acuerdo que permita salvaguardar a la gente del contagio en cumplimiento de las normas sanitarias y al mismo tiempo garantizar el respeto de los usos y costumbres del pueblo wayuu.

La cobertura de pruebas PCR para el diagnóstico de la Covid-19, es una de las tasas más bajas del país y de América Latina: sólo 9.677 pruebas por millón de habitantes, cuando en Colombia las cobertura es 24.289 y en Chile 74.269. La toma de la muestra demora más de 8 días, y la entrega de resultados aproximadamente un mes, siendo responsabilidad de las EPS, que en este caso, como en los demás relacionados con la atención corriente de la salud de la población, no han cumplido ni están cumpliendo.

La ocupación de UCI el 21 de julio, en todo el departamento era del 78%, pero se ha informado que del 100% en Maicao. El Departamento sólo dispone de 40 camas UCI para atención de pacientes con COVID-19, de las cuales sólo están disponibles 13. Las acciones de atención primaria y de salud pública son débiles, con poca cobertura de la población urbana y rural. Tampoco hay suficiente personal de salud, y el que está disponible no tiene los equipos de protección personal necesarios, lo cual agrava la situación si se enferman y fallecen. Se conoce de 2 profesionales de la salud graves, un intensivista y un médico general en Maicao. Esta circunstancia ha obligado a declarar en alerta roja la red hospitalaria del departamento. Pero la situación de la red es tan precaria que en la Clínica Riohacha le deben a los empleados más de 10 meses de sueldo y de prestaciones sociales.

Si no se identifican oportunamente las personas sospechosas de Covid-19 y sus contactos, no se les practican las pruebas y entregan sus resultados oportunamente, y si no se aíslan y tratan desde el primer nivel de atención y hasta las UCI los pacientes, la afectación de la población por la pandemia será muy grave, con muchos infectados y muertos.

Ello será peor si el sistema de salud y el gobierno departamental y nacional no garantizan a la población procesos educativos sobre la pandemia; le entregan elementos de protección personal; le facilitan acceso al agua para el lavado de manos, usos productivos y consumo; le garantizan manejo adecuado de excretas (hoy conocemos que el virus también se ha identificado en la materia fecal), acceso a alimentos y mejoría de las viviendas. En Maicao, por ejemplo, muchas familias no tienen qué comer y viven en hacinamiento, comparten un solo baño, sus habitaciones no tienen puertas para aislarse, y tampoco tienen agua.

Sabemos que la Atención Primaria en Salud (APS), que podría contribuir a llevar a la realidad muchas de estas medidas, incluidos los programas de protección social, no funciona en el departamento. El hambre se ha tratado de mitigar con programas asistencialistas precarios manejados por promotores que ya han sido suspendidos por falta de presupuesto. Como ha sido tradición, aparentemente ha habido mucha corrupción en el manejo de los recursos, pero también escasez de los mismos para afrontar esta calamidad que es de todos y de todas.

Lo anterior nos indica que la ya grave pobreza y desigualdad social existente en la Guajira se ahondará como consecuencia de la pandemia y de las carencias de las medidas gubernamentales.

Por eso, se requieren medidas y cambios importantes, coyunturales y estructurales:

Entre las medidas coyunturales,

• Hay que pensar en cuarentenas estrictas con cercos sanitarios en los territorios más afectados
• Garantizar programas de protección social integral a toda la población, incluyendo un salario mínimo mensual, no el ingreso solidario de 160 mil pesos del gobierno nacional que no alcanza para lo más básico, acceso al agua potable y alimentos
• Poner los recursos de la APS que manejan las EPS bajo el control de los gobiernos municipales para garantizar que equipos interdisciplinarios de salud lleguen a las familias de cada vereda, centro poblado, ranchería, asentamiento informal y barrio popular con las medidas sanitarias de prevención, promoción de salud, entrega de medicamentos y equipos para desinfección y protección personal.
• Construir con las regalías del Cerrejón un hospital de emergencia con suficientes camas y unidades de cuidados intensivos para atender a los enfermos graves y críticos de Covid-19, y darle al personal de salud los EPP suficientes para que atendiendo a la gente también protejan sus vidas.
• Si el gobierno no actúa, las comunidades deben organizarse y detonar procesos de control de los territorios, de solidaridad entre ellas, de acompañamiento de familias que padecen hambre, que no tienen agua, que no tienen los recursos para adquirir y mantener los elementos de protección personal. No puede el pueblo guajiro dejarse morir ante la desidia generalizada.

Entre los cambios estructurales,

1. Entender que la malnutrición es un problema que se resuelve con política pública de soberanía alimentaria y nutricional. Que ésta no es sólo producción y entrega de alimentos, sino también innovación tecnológica propia, modelos de gestión participativos, maneras de comercialización sin intermediarios, cadenas de producción entre productores asociados a partir de las ventajas comparativas del territorio. Que es un tema de pertinencia cultural y de sustentabilidad ambiental, social y económica.
2. Implica colocar la ciencia al servicio de un nuevo sistema de gobierno, de producción de alimentos, de gestión empresarial y del territorio, orientado al buen vivir de los pueblos. En este sentido, la Universidad pública, en particular la Universidad de la Guajira, está llamada a jugar un papel central junto a la gente y a sus necesidades.
3. Avanzar en esa dirección no se puede si no se derrota a los agentes de la corrupción, de la incultura y las prácticas mafiosas, del desconocimiento, discriminación y exclusión de los pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas, y de las mujeres
4. Hay que superar el extractivismo, por su efecto destructivo de la naturaleza y de la relación entre seres humanos y naturaleza, de la cual somos parte integrante e inseparable, como nos lo indica esta pandemia de Covid-19, cuyo origen estuvo en un coronavirus que circuló del mundo animal al humano, y nos lo enseña la cultura ancestral de los pueblos indígenas
5. Hay que superar el orden y poder colonial, racista, elitista y patriarcal que ha dominado en la Guajira, porque ha sido incapaz de garantizar: soberanía alimentaria y nutricional; acceso al agua y saneamiento básico; acceso universal, integral, gratuito y equitativo a la educación y a la atención en salud; una relación saludable entre sociedad y naturaleza; participación democrática del pueblo en las decisiones; pulcritud en el manejo de los recursos públicos y sociales; y porque sin democracia verdadera y sin transparencia en la gestión y uso de los recursos no hay desarrollo justo y sustentable posible.
6. En ese proceso es fundamental la organización y unidad de las comunidades nativas, de lo trabajadores y campesinos, su movilización en defensa de la vida y la salud, y de un nuevo orden económico, social y político.

Muchas gracias

Bogotá D. C., Julio 26 del 2020