Renuncian masivamente los médicos del hospital de Leticia en el departamento del Amazonas. No hay bioprotección. En Villavicencio llaman por teléfono individualmente a los médicos del hospital departamental del Meta para decirles verbalmente que cada uno debe rebajarse el sueldo y presentar por escrito su “propuesta voluntaria” a la gerente del hospital; el que no lo haga puede despedirse de su trabajo. No hay protección laboral.
Las clínicas y hospitales, públicos y privados, están quebrados porque no hay consulta ni cirugías programadas para poder facturar y porque tampoco han recibido los dineros que las EPS les adeudan. Las EPS, las mismas que hace unos años el presidente de entonces las llamó carteles, o sea concierto para delinquir, es decir organizaciones criminales, hoy mas que nunca ganan haciendo menos que nada, pues no hay pacientes que atender, todos están en casa y los que no, en la calle, pero esos no importan, no cotizan ni están en el régimen subsidiado. Pero esas EPS dicen que no pueden cumplir porque el gobierno no les paga.
¿Y el gobierno? Habla a diario, pero no se ven los correctivos que respalden con hechos lo que dice, y así sigue la cadena de incumplimiento y violación de derechos. Lo único sistémico de este, dizque Sistema General de Seguridad Social en Salud, el hijo de la ley 100 de 1993, es su enorme capacidad para incumplir sus funciones en salud; así garantiza su compromiso con el lucro.
El resultado, dos tipos de víctimas que sufren las consecuencias: las gentes que quedan esperando la atención médica para tratar oportuna y suficientemente sus enfermedades, y el personal sanitario que en mas del 80% trabaja en la informalidad, con total desprotección tanto biológica como laboral, sin contrato de trabajo y sin seguridad social.
Mientras tanto, el negocio sigue funcionando; las EPS siguen ganando por compensación, el ministro de salud, además de decretar con alevosía la obligación de trabajar y el castigo a quien no lo haga (y eso que se graduó como médico), sigue dando tumbos y no hace cumplir sus propios decretos a las ARL ni cumple sus compromisos con el personal sanitario, en particular con los médicos y, entre tanto, el superintendente nacional de salud brilla por su ausencia.
En tal situación, los médicos hemos propuesto al gobierno la contratación de todo el personal sanitario, vinculándolo al trabajo mediante contrato laboral. De esta manera se resuelven la informalidad e inestabilidad laboral, el cumplimiento de las ARL y la obligatoriedad generada por un contrato de trabajo firmado autónoma, individual e independientemente por cada trabajador de la salud, sin dictados amenazantes. El ministro de salud se comprometió a discutir la propuesta con los ministerios del trabajo y de hacienda pero no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los 3 juntos ni por separado. Es decir, la informalidad y vulnerabilidad continúan cual amenaza morbosa o mortal sobre los trabajadores de la salud.
A estas alturas y ante el aumento inconmensurable e inminente del riesgo de que empeoren las cosas, es necesario tener claro que, para nuestro bien y el de nuestros pacientes, la protección total de todo el personal sanitario es inaplazable. Y esa protección no es sólo la de los elementos de protección personal. Es la de proteger nuestra supervivencia económica y de nuestras familias. Es exigir todos a una y permanentemente hasta lograrlo, la formalización laboral con el contrato de trabajo; la dignificación de nuestras profesiones de la salud, de nosotros como personas, de nuestros sitios de trabajo, de los valores humanísticos, del conocimiento y de la ciencia.
SERGIO ISAZA VILLA, M. D. – PEDIATRA
PRESIDENTE
FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA
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