Al fin el presidente Duque reconoció que en Colombia existe un cuerpo médico y de profesionales y trabajadores de las disciplinas de la medicina y la salud. Por primera vez, el 20 de marzo en su alocución se refirió a nosotros y valoró nuestra importancia. No ocurrió así cuando el mismo cuerpo de trabajadores y profesionales hace tiempo le recomendamos tomar drásticas medidas preventivas para evitar el ingreso del Coronavirus al territorio colombiano ni cuando apareció el primer caso y le reiteramos en comunicación escrita la urgencia de actuar de inmediato por la gran velocidad de propagación del virus, que en menos de 10 días volvió casi vertical la curva de afectados. La respuesta fue dirigirse al país con sus asesores financieros a fin de explicarnos lo negativo que sería para la economía acoger tales medidas, omitiendo la pérdida de vidas humanas y el desbordamiento del ya fallido y corrupto sistema de salud. Después, ante la iniciativa de autoridades locales que tomaron medidas drásticas para disminuir el avance de la enfermedad, las prohibió pero la presión social de los colombianos que comprendieron la magnitud y gravedad de la situación, las salvó, exigió al presidente no crear conflictos entre las autoridades y tener claridad, firmeza e inmediatez en la toma de decisiones para aminorar el impacto de la pandemia. El 20 de marzo los afectados por COVID-19 superaron las 125 personas y se dirigió a los colombianos reconociendo, ahora sí, la importancia de los trabajadores de la salud y exaltando su valor. Es de celebrar esa corrección de postura pues el conocimiento científico y la presión social fueron factores determinantes en ese cambio de parecer presidencial. Pero tal avance es el comienzo: ya cae la producción, se afecta la economía y aumentan los casos de portadores y enfermos que serán atendidos por quienes ¡por fin! fuimos reconocidos como imprescindibles para afrontar la crisis, elevándonos de antemano a la categoría de héroes. Esas serán vacuas manifestaciones si el gobierno, EPS e IPS no se comprometen efectiva e inmediatamente en dotarnos a los, ahora héroes, con elementos de protección imprescindibles y suficientes para minimizar el contagio. No es permisible el desabastecimiento de mascarillas, jabón y gel antiséptico en los sitios de atención. Amparado en las facultades extraordinarias que le otorga la emergencia social y sanitaria, el Presidente debe incentivar inmediatamente la producción en gran escala de alcohol medicinal y glicerina, que son las materias primas para elaborar gel antiséptico. En Colombia producen etanol las industrias licoreras y las de biocombustibles; y la industria de grasas vegetales, la glicerina. La textil podría dar su aporte dedicando un tiempo a la producción de ropa e insumos de bioprotección. Las crisis ofrecen oportunidades como estas, que pueden romper la dependencia de productos importados, dan trabajo a nacionales y mitigan la crisis sanitaria al permitir mejores condiciones económicas a la población trabajadora favorecida por estas iniciativas.
Colombia tiene 3 millones de desempleados y 5 millones de trabajadores informales. Ya el gobierno permitió el despido de personal no vinculado laboral sino informalmente a las empresas; esto significa que aumenta la cantidad de familias desprotegidas económicamente y mas vulnerables al COVID-19. El Banco de la República destinó 17 billones de pesos al sistema bancario para garantizar su liquidez; es de esperarse que en razón de la Emergencia Social esos dineros se entreguen a los industriales para solventar el pago de los días de brazos caídos de sus trabajadores formales e informales, lo cual exige una severa vigilancia y sanciones ejemplares a quienes no les den el destino correcto. Además se pueden emitir bonos para garantizar el suministro diario de alimentos a la población mas desamparada, subsidiar económicamente artículos de primera necesidad e intervenir sobre determinantes de salud con carácter vinculante de los planes ministeriales. Al respecto, el agua y los servicios públicos serán reconectados a quienes los perdieron por mora en sus pagos. Son estos algunos de los movimientos que debe hacer el gobierno para atenuar los efectos negativos sobre la población, pues de lo contrario un desbordamiento social podría sobrevenir. En razón de la Emergencia Sanitaria, los dineros destinados a resolver algunos de los problemas mas protuberantes en materia de atención en salud, deben ser celosamente vigilados y sancionar ejemplarmente los fraudes.
La pandemia desnudó la ineficacia de los sistemas de salud cuya esencia en la atención de enfermedades y no en su prevención, que inspirados en el credo neoliberal y bajo el poder extorsivo del capital financiero, gastan el dinero en consumo y corrupción. Como alternativa, el modelo diseñado a partir del derecho fundamental a la salud se basa en la prevención mediante la atención primaria y la participación ciudadana; requiere sus finanzas para disminuir la carga de enfermedades y contar con fondos suficientes para su tratamiento. Ahora sí, cual demagogos, todos sus negadores traen a cuento la prevención y la solidaridad, principios básicos de la propuesta que busca cambiar la ley 100 de 1993 por aquella que los desarrolle, pues desde hace cinco años están contenidos en la Ley Estatutaria de Salud. Irónicamente el COVID-19, junto a la acción solidaria de toda la sociedad, será instrumento poderoso para lograrlo.
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